Pueblos originarios amazónicos piden intervención de CIDH en Brasi, Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú

Líderes de comunidades indígenas consideran que sus derechos son vulnerados sistemáticamente y que es necesaria una intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Laguna en Pacaya. // Foto: DAR
Laguna en Pacaya. // Foto: DAR

Líderes de comunidades indígenas amazónicas pidieron ayer, 30 de septiembre, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que "llame la atención" a los gobiernos de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú ante asesinatos, amenazas, y otros atentados contra los derechos humanos de los que son víctimas. 

"Desde el 11 de abril hasta la fecha hemos sido testigos del asesinato de cinco defensores de derechos humanos en nuestro país, de los cuales cuatro son indígenas. Nos referimos a los hermanos defensores Arbildo Meléndez de Huánuco, Benjamín Ríos de Ucayali, Gonzalo Pío Flores de Junín, y Lorenzo Wampagkit, de Amazonas. Esto sin tomar en cuenta las amenazas a las comunidades por presuntos agentes ilegales", expresó Richard Rubio, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Cabe agregar que en Perú el mes pasado fue asesinado también el defensor ambiental Roberto Pacheco, en la zona de amortiguación de la Reserva Nacional Tambopata (Madre de Dios), mientras vigilaba la consesión de la que su familia es responsable.

Por otro lado, Andrés Tapia, dirigente de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), hizo referencia a la criminalización que frecuentemente deben enfrentar los activistas indígenas: “Producto de la posición firme de las organizaciones de base frente al extractivismo son frecuentes los procesos de persecución y criminalización a líderes y dirigentes."

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la organización civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) informaron a la prensa internacional de que los representantes indígenas solicitaron a la CIDH "que interceda" para que los gobiernos de los países amazónicos "tomen medidas efectivas de protección". Por otro lado, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) (representante de los 9 pueblos indígenas que la componen) lanzó la alerta durante el 177 período de sesiones de la CIDH, que se celebra de manera virtual desde este lunes 28 de septiembre.

La especialista de DAR, Jackeline Borjas, complementó información sobre los asesinatos recientes al afirmar que "evidencian la ausencia histórica de los Estados" (en la protección de las comunidades indígenas) y agregó que, más de seis meses después del inicio de la pandemia del covid-19 en Perú, "aún persiste la inacción estatal que evidencia una discriminación y desatención deliberada y reiterada", así como la falta de prioridad a las "medidas de prevención y atención urgente en favor de los defensores y defensoras indígenas".

Por ello, Rubio exigió que el Estado peruano priorice la aprobación de la ratificación del Acuerdo de Escazú "en tiempo oportuno". El Acuerdo de Escazú es el primer pacto mundial que contiene disposiciones vinculantes para la protección y promoción de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Borjas consideró que la demora en la ratificación del Acuerdo de Escazú muestra "el poco interés" de los estados por proteger los derechos de los defensores indígenas.

En ese sentido, las exigencias de Borja coinciden con las de diversas organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, las cuales se manifestaron la semana pasada en el contexto mundial de protestas por el cambio climático. Las organizaciones que se manifestaron en diversos puntos de América Latina también exigieron la firma del Acuerdo de Escazú, tanto por la necesidad de transparentar la información sobre situación medio-ambiental actual que manenan los estados, como por la necesidad de proteger a los activistas que defienden los bosques y el medio ambiente.

Finalmente, la brasileña Leany Torres, Vicecacique General del pueblo Warao del asentamiento Ka Ubanoko, señaló que su comunidad exige que el proceso de traslado, programado por el Estado para el 28 de octubre próximo, se realice con su consentimiento, respetuosamente, "y no de manera arbitraria e inconsulta".

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